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La Gobernadora anunció Medidas en la Administración Pública
"QUEREMOS UNA PROVINCIA MAS JUSTA"
La Gobernadora Lucía Corpacci, acompañada por su gabinete de ministros, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios e intendentes, anunció ayer una serie de medidas tendientes a reparar injusticias cometidas en el ámbito de la Administración Pública Provincial.
Corpacci detalló algunos casos irregulares vinculados con las últimas designaciones de la gestión anterior, que evidencian privilegios para personas que obtuvieron nombramientos en planta permanente u otros beneficios, mientras que otros trabajadores estatales permanecen desde hace años claramente postergados. Anunció ante esta situación, que los 178 nombramientos irregulares detectados serán dados de baja.
También dejó sin efecto los contratos del área Educación, aunque aclaró que se revisará “caso por caso” y se mantendrá a quienes cumplan tareas reales y necesarias.
Por otra parte, confirmó la decisión de reconvertir las becas de estudio para que sirvan efectivamente para el fin que fueron creadas, al tiempo que ofreció alternativas laborales para quienes perciben este beneficio.
La Gobernadora convocó a un reempadronamiento general de becados que se extenderá del 10 de enero hasta el 10 de febrero, e indicó además que se cruzarán datos de los beneficiarios de planes provinciales y nacionales para evitar que se mantengan cobros incompatibles.
Las medidas, tendientes a reordenar la Administración Pública, fueron analizadas y resueltas con un espíritu de equidad, para responder a los compromisos asumidos en la campaña electoral.
Lucía Corpacci, que se comprometió a solucionar paulatinamente con la situación de los precarizados del sector Salud, cerró los anuncios subrayando que la provincia no crecerá sin educación, y que tampoco lo hará si considera el empleo público como única posibilidad laboral; por lo cual intensificará los esfuerzos para la generación de fuentes de trabajo genuinas.
Aclaró finalmente que las medidas alcanzan exclusivamente a la administración central, y que respetará la autonomía de los municipios y de los demás poderes en cuanto a las decisiones que sus autoridades adopten respecto al manejo de personal.
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